¿Es obligatoria la instalación de una grúa o elevador en la piscina comunitaria de los Edificios de Viviendas?

22 marzo, 2013 | Deja una respuesta

Las condiciones de accesibilidad aplicables a las piscinas comunitarias de los edificios de viviendas, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, establecen desde el 21 de septiembre de 2009, fecha de entrada en vigor del Decreto, que para los proyectos de nueva edificación o de reforma, las piscinas de uso comunitario deberán cumplir, por remisión del artículo 102 del Reglamento, las condiciones de accesibilidad del artículo 86.1 que exige la disposición de grúa o elevador hidráulico y de una escalera accesible para posibilitar a las personas con movilidad reducida la entrada y salida a los vasos de forma autónoma y segura.

Elevador para piscinas
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 10.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (modificado por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las actuaciones y obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe total no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Lo anterior no será de aplicación cuando la unidad familiar a la que pertenezca alguno de los propietarios, que forman parte de la comunidad, tenga ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), excepto en el caso de que las subvenciones o ayudas públicas a las que esa unidad familiar pueda tener acceso impidan que el coste anual repercutido de las obras que le afecten, privativas o en los elementos comunes, supere el treinta y tres por ciento de sus ingresos anuales. 

Si se tratara de obras de accesibilidad cuyo importe excediera de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, las comunidades están obligadas a realizar estas obras de mayor importe siempre que se adopten los acuerdos necesarios con el voto favorable de la mayoría de las personas propietarias que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación. Y si no se obtuviesen las mayorías suficientes, las personas con discapacidad o las personas de setenta o más años de edad, podrán instar la realización de las obras con los condicionantes previstos en la Ley 15/1995, 30 de mayo, que regula los límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a personas con discapacidad, que, entre otros, establece que las personas solicitantes deberán correr con todos los gastos que se originen por la realización de las obras de accesibilidad quedando la obra en beneficio de la comunidad.

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